La Fiscalía de Medio Ambiente de Teruel estima que serán necesarios entre tres y cuatro años para que el río Guadalope recupere la flora y la fauna que tenía antes de ser inundado por los lodos procedentes del vaciado del embalse de Santolea, en obras de ampliación. El plazo real podría ser incluso superior, pues el Ministerio Público entiende que el cauce afectado, que va desde la presa a la cola del pantano de Calanda en un tramo de unos 30 kilómetros, no empezará a normalizarse hasta que finalicen los trabajos, algo previsto para 2021.
Según los informes que obran en poder de la Fiscalía y que han sido elaborados por el Gobierno aragonés y la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), del antiguo pantano de Santolea, construido en 1931 y nunca antes desembalsado, salieron 1,8 millones de hectómetros cúbicos de barro. Aunque la cantidad supone solo el 5%del lodo acumulado en el fondo del embalse a lo largo de su casi un siglo de funcionamiento, sería suficiente para llenar la plaza de San Juan de la capital turolense –de unos 50 metros de largo por otros tantos de ancho– hasta una altura de once metros.
Tal cantidad de barro ha sepultado toda la vegetación y la fauna de macroinvertebrados que son el alimento de los peces. Aunque de estos últimos no hubo una gran mortandad porque lograron desplazarse hasta el vecino pantano de Calanda, el río ha quedado muerto.
La sección de Medio Ambiente de la Fiscalía de Teruel abrió en enero una investigación para determinar el origen de los vertidos y depurar responsabilidades si las hubiera. Las acciones legales se iniciaron a raíz de la denuncia de la oenegé AEMS Ríos con Vida tras constatar la afección del lodo al cauce del Guadalope.
La Fiscalía parte de la premisa de que la balsa de decantación construida para evitar que el agua desembalsada llegara con arrastres al Guadalope resultó insuficiente, si bien valora que el lugar en que hubo de levantarse este dique no permitía mayor tamaño por ser un espacio protegido.
Desde enero, la Fiscalía de Teruel ha tomado declaración, como testigos, a representantes de la CHE –órgano supervisor de las obras–, Acuaes –empresa pública ejecutora de la ampliación– y Promitec –encargada de la vigilancia de los trabajos desde el punto de vista ambiental y laboral–. El fiscal encargado del caso ha solicitado ahora al Ministerio de Transición Ecológica, con el auxilio de la Fiscalía coordinadora de Medio Ambiente en Madrid, que identifique a la persona o equipo encargados de redactar tanto el proyecto de ampliación de Santolea como el estudio para la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de la obra. Una vez se conozcan, también serán citados a declarar en calidad de testigos.
El barro acabó con la flora, la fauna de macroinvertebrados y los huevos que los peces habían depositado en el río. El Guadalope, además, había sido repoblado con truchas por el Gobierno aragonés. Los lodos, según refiere la Fiscalía, afectaron también al riego de los campos agrícolas y al abastecimiento de agua potable de al menos una población, Aguaviva.
No obstante, Acuaes anunció a finales de marzo que compensará a los regantes del Guadalope de los daños causados por el vertido de lodos y asumirá la limpieza del azud que desvía caudales a las acequias para evitar que el barrizal que retiene termine en los canales de riego. Por su parte, la CHE se comprometió a crear un sistema de alertas rápido para que, en caso de crecida, se puedan cerrar los conductos de riego y evitar así su colmatación con lodos.
Este jueves, en Mas de las Matas –uno de los municipios ribereños del Guadalope–, usuarios de la cuenca –ayuntamientos, regantes e hidroeléctricas–, representantes de Acuaes y técnicos de la CHE y la DGA, mantuvieron una reunión informativa en la que se repasó el protocolo de aviso para evitar la afección a infraestructuras por incrementos puntuales de la turbidez del agua.
Noticia publicada en el Heraldo de Aragón
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